Síguenos

DOCTRINA I Exclusión de los trabajadores del Estado de la duplicación de la indemnización por despido sin justa causa

Cita: RC D 1029/2020

Sumario:

I- Una vez más, el estado vuelve al discurso del haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. II- El Decreto 156/2020. III- Los fundamentos de la nueva norma. IV- Sobre el ámbito personal de aplicación. V- Aplicación en el tiempo. VI- En suma.

Exclusión de los trabajadores del Estado de la duplicación de la indemnización por despido sin justa causa

I- Una vez más, el estado vuelve al discurso del haz lo que yo digo pero no lo que yo hago

Una de las prácticas -de las muy malas prácticas- del Estado Nacional en sus relaciones con sus trabajadores ha sido -y esto comenzó hace ya más de medio siglo- la de someterlas al régimen jurídico de las relaciones de trabajo del ámbito privado[1].

Por cierto, como tantas cosas en nuestro lastimado país donde, con desmesurada frecuencia, las leyes son obedecidas cuando se agotaron las posibilidades de evitar su cumplimiento, siempre se puede hacer algo peor para lograrlo, y es así como aquella elusión de la garantía constitucional, que sólo tiene el propósito de debilitar la tutela de los trabajadores por la vía de la fuga hacia el derecho trabajo, también suele ser esquivada para sustraerlos de esa ya precaria protección, apelando a contratos de servicios o de obra -que lleva a que un grupo numeroso de trabajadores estatales sean calificados como los contratados del sector público[2]– que, en la realidad de los hechos, no es sino un mecanismo fraudulento de contratación que, en sus consecuencias, no es distinto del trabajo en negro[3].

En cualquier caso, si algo es evidente es que el Estado, que es el mayor empleador del país, el único que no puede deslocalizarse y, especialmente, el que establece las normas a las que deben sujetarse todos los habitantes, y que debería por ello comportarse como el empleador modelo, no suele ser mezquino en sus esfuerzos -y esto, por cierto, no queda limitado a sus relaciones de trabajo- para eludir la ley cuando su aplicación no le conviene.

Un ejemplo histórico es el del artículo 19 del Decreto 6582/1954 que, frente a la amplitud del ámbito personal de aplicación de la Ley 14250 que, sin exclusiones, garantizaba el derecho a la negociación colectiva a todos los trabajadores, y en un insuperable ejemplo de práctica desleal, “aclaró” que las reglas de esa ley no se aplicaban a los trabajadores del Estado -esto es, los empleados dependientes del mismo Poder Administrador que emitió aquel decreto reglamentario-. Mala práctica aquélla que, con el paso del tiempo, y a poco que se fue comprobando que la negociación colectiva, amén de ser una expresión necesaria de la democracia en las relaciones de trabajo, no crea problemas y sí, en cambio, puede aportar soluciones, fue progresivamente corregida para permitirle a la Argentina ostentar hoy uno de los sistemas más modernos y completos del mundo en esta materia.

Más cerca en el tiempo, en el año 1995, y aún cuando ya se había generalizado la negociación colectiva en la administración pública, con el DNU 290/1995, el Poder Ejecutivo -en función legislativa- hizo lo que jamás podría haber hecho un empleador privado, y que fue la reducción de las remuneraciones de sus trabajadores hasta en un 15 %[4].

Pasaron ya veinticinco años desde que incurrió en esta mala práctica y, por cierto, muchos más desde aquella de la autoexclusión del régimen de negociación colectiva, y es ahora con el DNU 156/2020 como el Estado vuelve a las andadas.

II- El Decreto 156/2020

En el Boletín Oficial del 17 de febrero de 2020 se publicó el Decreto en Acuerdo General de Ministros Nro. 156, del 14/2/2020 (DNU 156/2020), en virtud del cual, con su único artículo normativo, determinó que:

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019 no resultan aplicables en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8 de la Ley 24156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran.

Según es sabido, con el DNU 34/2019, junto con la declaración de emergencia ocupacional por ciento ochenta días, se había establecido, dos meses atrás, que en caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con la legislación vigente (art. 2do.).

Más allá de las vacilaciones que genera el alcance de la nueva norma en orden a su ámbito temporal de vigencia, no puede dejar de señalarse que, en cuanto decretos en acuerdo general de ministros, amén del Presidente de la República, ambos instrumentos son firmados por el Jefe de Gabinete de Ministros y la totalidad de estos que, en ambos casos, son las mismas personas.

Debió transcurrir empero un tercio del plazo de vigencia del DNU 34/2019 para que se advirtiera la necesidad de aclarar su ámbito personal de aplicación.

En los considerandos del DNU 156/2020 se aporta una justificación tanto sobre la necesidad de producir este nuevo acto normativo como, especialmente, en orden a su carácter interpretativo y aclaratorio.

III- Los fundamentos de la nueva norma

Los considerandos del DNU 156/2020 proveen los fundamentos en los que el Poder Ejecutivo -en función legislativa- pretende justificar las dos cuestiones centrales que llevaron al dictado de esa norma de excepción: el ámbito de aplicación personal del DNU 34/2019 y el carácter interpretativo de aquél con relación a éste.

Con relación a la primera cuestión, se afirma que:

1) De los fundamentos del citado Decreto surge claramente que esa medida fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos. 2) Con el DNU 34/2020 se buscó evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo.

3) Tanto en el quinto párrafo cuanto en el séptimo del Considerando, se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado.

4) Una interpretación que condujera a extender los alcances del referido Decreto al ámbito del Sector Público Nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma.

5) Ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma.

6) No obstante ello, resulta necesario aclarar el alcance de esta última, en lo referido al universo de las trabajadoras o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquélla.

Y en cuanto al alcance normativo del DNU 156/2020, se afirma que:

a) Tradicionalmente, se ha dicho que la ley interpretativa en relación con la ley interpretada, adquiere una unidad de significado normativo dado por el carácter declarativo de su estructura.b) Esta clase de leyes viene a ac