Carta al A.G.E.P.J. y al T.S.J. de Córdoba
«Estimados dirigentes de A.G.E.P.J. y del T.S.J. de Córdoba
En relación a la intempestiva medida de fuerza adoptada por la A.G.E.P.J. por 48 hs. para los días 26 y 27 de Octubre de 2020, desde el Colegio de Abogados de la Décima Circunscripción Judicial, con sede en Río Tercero, queremos hacer un público llamado a la racionalidad de las partes involucradas en el conflicto.
Sin realizar juicios de valor acerca de la razón de los reclamos realizados y reconociendo el derecho que asiste a formularlos, no por ello podemos omitir que la particular y excepcional situación que estamos atravesando todos los que de manera directa o indirecta participamos del Poder Judicial y la sociedad en general, no puede soslayarse al momento de evaluar este tipo de medidas.
La actual coyuntura exige de todos los actores (magistrados, funcionarios, empleados judiciales y abogados) redoblar los esfuerzos para evitar que el servicio de justicia, largamente relegado y resentido desde tiempos inveterados, se siga devaluando y dilapide la credibilidad y confianza que la sociedad ya recela.
Creemos que en épocas aciagas como las actuales es donde más se requiere que las posturas parciales cedan en beneficio del conjunto. Como suele ocurrir en todo conflicto, las posiciones antagónicas confluyen en un punto. Así, ambos partícipes (la A.G.E.P.J. y el T.S.J) tienen en su poder la llave para destrabar la pugna y dejar de prolongarla en el tiempo, socavando cada vez más un servicio que ha sido sensiblemente afectado por la contingencia.
El acceso a la justicia y la respuesta jurisdiccional en tiempo razonable constituyen uno de los pilares del Estado de Derecho. Esto no es solo un problema que aqueja a los abogados, que hacen del ejercicio profesional su medio de vida. No resulta ocioso aclarar que en cada proceso o actuación que tramita en los Tribunales existe un justiciable, un ciudadano que pretende hacer valer sus derechos, que le sean reconocidos sus intereses o que se encuentra privado de su libertad o en una situación de extrema vulnerabilidad a la espera del amparo de uno de los poderes del estado.
Así las cosas, resulta a todas luces evidente que profundizar las disputas entre dos importantes sectores del Poder Judicial, en nada beneficia a la sociedad.
Es por ello que desde nuestro lugar, INSTAMOS a las partes en conflicto a llegar a una pronta solución y, de este modo, dejar de afectar un servicio que por los problemas que acarrea de antaño y las particulares circunstancias actuales no es acreedor del beneplácito social, a pesar de la indispensable función que desempeña.
Colegio de Abogados de Río Tercero